Danilo Assis Clímaco (2)
14 de abril del 2016
El artículo busca dotar a su
lector/a de información mínima para comprender la crisis política en Brasil. En
la primera parte, se presentarán los principales grupos envueltos en la trama
del Golpe y su trayectoria en los últimos años. En la segunda y última parte,
cómo se espera que cada uno de esos grupos actúe de aquí a la votación del
Impedimento el domingo 17 de abril y en los días inmediatamente posteriores. Un
artículo posterior deberá llamar la atención a la judicialización /
policialización de la política brasileña, tendencia que no se detendrá
espontáneamente sea cual sea el resultado de la votación del domingo.
a)
Los grupos
de actores
Los actores principales pueden
ser reunidos en cinco grupos: 1) el gobierno Dilma, la cúpula del PT y Lula; 2)
El parlamento, especialmente la cámara de los diputados y su presidente,
Eduardo Cunha; 3) El poder judicial y los grandes medios de comunicación: la
reedición en Brasil de la Mani Pulite; 4) Las organizaciones civiles
pró-impedimento y quienes las apoyan y/o acuden a las marchas que convocan; 5)
Las organizaciones “en favor de la democracia”.
1) El gobierno Dilma, la cúpula del PT y Lula
El gobierno Lula (2002-2010)
logró unificar en un mismo proyecto a los más ricos y lo más pobres, sin luchar
contra el capitalismo, actuando dentro de él minimizando sus daños. Ello puede
ser percibido como algo ínfimo frente a las posibilidades abiertas en el 2002,
pero indudablemente ha cambiando de manera nada irrelevante la vida de millones
de personas. Pese a que todos disfrutaron del crecimiento económico (Lula sale
de la presidencia en el 2010 con 87% de aprobación), las élites actuaron a
nivel mediático agresivamente para mantener prejuicios clasistas y raciales
contra el PT y Lula, buscando que las inéditas mejorías en la vida de la
población fueran percibidas como obra de una favorable coyuntura internacional
y no como resultado de las políticas del gobierno del PT, hacia el cual se
desarrolló una estrategia para asociar de manera indeleble el incremento de la
corrupción.
El más grande escándalo de
corrupción de los gobiernos Lula -denominado “mensalão”, deflagrado en el 2005-
tuvo dos efectos prácticos, derivados de la ojeriza de Lula a los conflictos:
a) se condena a una buena parte del primer escalón del PT que podría haberlo
sucedido en el 2010; b) el Supremo Tribunal Federal, que condenó a este primer
escalón sin alcanzar pruebas cabales, inaugura un periodo de expansión
arbitraria del poder judicial. Sin sus antiguos aliados, Lula tendrá una
relación estrecha con su ministra de la Casa Civil, Dilma, con quién se reunirá
diariamente en todos los años que le restaron como presidente. Pese a no ser un
cuadro histórico del PT y a carecer de habilidades políticas, es la elegida por
Lula para disputar la presidencia en el 2010, alcanzándola y reeligiéndose en
el 2014.
Careciendo del carisma de
Lula, opta por un gobierno técnico, pero parece que no fue consciente de que
no era carismática siquiera en su entorno más próximo. Diversas fuentes apuntan
a que es muy severa con los errores de los ministros, lo que terminó por inhibir
sus iniciativas, no tiene buena comunicación con los diputados y senadores
aliados y tampoco es ágil para tomar decisiones ella misma.
Ello hizo el gobierno
vulnerable a las estratagemas de la oposición y de los aliados de los partidos
conservadores (que ocupa la vice-presidencia) para desestabilizar el gobierno.
Inmediatamente tras perder las elecciones, el candidato Aécio Neves y su
partido, el PSDB, junto a otros grupos conservadores, lanzaron al aire una
serie de hipótesis que permitieran anular la elección de Dilma o impedir su
mandato. Aun en el 2014, algunos de esos grupos convocarían marchas, que en el
2015 serían gigantescas. La investigación Lava-Jato (la Mani Pulite brasileña)
investigaría de modo selectivo en contra del PT el financiamiento de campañas
por parte de las grandes empresas constructoras del país, filtrando ilegalmente
información a la prensa, con lo que alimentó las marchas y la inestabilidad en
el parlamento. Cuando, a inicios del 2016, un senador del PT encarcelado hace
un acuerdo de delación con la Lava-Jato y acusa Lula y Dilma de tener
conocimiento del esquema de financiamiento ilegal de campañas, la crisis
política llega a su máximo punto y pasa a ser una percepción general de que el
gobierno solo podría ser salvado mediante la inclusión de Lula en el Casa
Civil, aunque quizás ya era tarde para ello.
2) El parlamento, especialmente la cámara de los diputados
Tradicionalmente, el votante en
Brasil asocia poco sus candidatos a presidente, diputado y senador. Los votos
son personalizados, siendo los mayores factores de influencia el dinero de
campaña que logra recaudar cada candidato individualmente y su carisma. Debido
a ello, pese a que Dilma tuviera el 47% de los votos, el PT tuvo poco más del
10% de los diputados (58 de 513). El otro partido de centro-izquierda
comprometido con el gobierno, el PC do B, tiene 11 diputados y el PSOL, de la
izquierda oposicionista, tiene 6. En algunos otros partidos hay también otros
parlamentares llamables de izquierda, que en su total llegarían a poco más de
100. Luego, 400 diputados, el 80%, son inequívocamente de derecha o centro. Aunque
el número de diputados de izquierda fue sensiblemente superior en los gobiernos
de Lula, el PT nunca alcanzó el 20% de la cámara y siempre fue necesario una
amplia alianza con los partidos de derecha para gobernar, sobre todo el PMDB -partido
del vice-presidente Temer, que actualmente cuenta con 67 diputados y que fue
base de apoyo de todos los gobiernos desde la redemocratización, hasta el
pasado 29 de marzo, cuando rompió con Dilma con el objetivo de fragilizarla aun
más y sustituirla por Temer-. De esta forma, la alianza política es
necesariamente inestable y se basa menos en contenido programático y más en la
distribución de ministerios. Dada la inhabilidad política de Dilma y el
excepcional grado de corrupción del parlamento elegido en 2014 (el más
conservador desde la redemocratización en 1988), tal inestabilidad olía a ingobernabilidad.
Sabiendo de ello, en las
primeras semanas del inicio del segundo mandato (1° de enero del 2015), grupos
oposicionistas protocolaron ocho pedidos de Impedimento en la cámara de los
diputados. La ley establece que la mandataria electa solo puede ser apartada de
su cargo en caso de haber cometido crimen de responsabilidad, algo que ninguno
de los pedidos de Impedimento fue capaz de mostrar con claridad. Los pedidos
quedaron en estado de espera, mientras el gobierno Dilma buscaba un pacto
sostenible con la indisciplinable cámara. Con el andamiaje de la selectiva
investigación de la Lava-Jato y sus ilegales filstraciones, hubo un incremento
del descontento popular (“popular” es un decir, puesto que atañía marcadamente
en las clases medias y altas), cuyo marco en el 2015 fue la marcha del domingo
15 de marzo que puso un millón y medio de personas en la calle de 100 ciudades.
Pero más allá de los sucios
movimientos de la derecha, la “aliada” y la oposicionista, Dilma optó por un
ajuste estructural contra el cual se había elegido, lo que trastocó su relación
con las organizaciones de base. Integrantes del PT y el propio Lula condenarían
duramente el ajuste.
De esta forma, a mediados del
2015, el Impedimento empezaba a hacerse posible. Lo detenía, además de la
inconsistencia de los pedidos presentados, la falta de autoridad moral del
congreso: de sus 513 integrantes, 163 tiene pendencias judiciales -mal que Dilma
no padece-. El congreso se encuentra perfectamente representado en su presidente,
Eduardo Cunha (PMDB), envuelto en todos los grandes procesos de corrupción que
atañen al país, incluidos el levantado por la Lava-Jato y el reciente Panamá
Papers, aparte de haber sido investigado por el Ministerio Público (MP) de
Suiza por tener cuentas ilegales en este país. Junto al vice Michel Temer, fue
Cunha quién más maniobró para que el gobierno no tuviera cualquier estabilidad.
Cuando a mediados de abril el MP de Suiza hizo pública sus cuentas ilegales,
pareció que Cunha podría muy rápidamente ser expulsado del congreso. Diputados
del PT y líderes de la oposición hicieron declaraciones en su contra. Sin
embargo, él redobló la agresividad hacia el gobierno, exigió a los
oposicionistas que dejaran de criticarle y se mostró como el único capaz de
romper las reglas y la decencia para llevar a cabo el Impedimento. Sin embargo,
el gobierno también le temía y buscó apaciguarlo, lo que finalmente no se pudo,
puesto que la mayoría de los diputados del PT -y los de muchos partidos- decidió
abrirle un expediente para quitarle el mandato. Al día siguiente, como claro
acto revanchista, Cunha aceptó el menos frágil de los pedidos de Impedimento
que tenía en su mesa.
En un primer momento, el
Impedimento pareció posible. Tras una rearticulación del gobierno, se volvió
poco sostenible, pero con las jugadas del poder judicial y de los medios
durante el mes de febrero, se hizo no solo posible sino probable.
3) El poder judicial y su alianza con los grandes medios: del Mensalão
a la Mani Pulite brasileña
Los excesos de la alianza
entre el poder judicial y los grandes medios tienen su primer gran momento
entre el 2005 y el 2012, cuando es juzgado el Mensalão. Con la deflagración de
las primeras noticias sobre el supuesto crimen, los medios de comunicación lo
insuflaron y se generó una conmoción en la clase media. En algún momento del
2005 se creyó que el gobierno Lula podría no llegar a su fin. Sin embargo, las
pruebas cabales nunca llegaron, se construyó una hipótesis investigativa y el
relator del caso en el Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa -indicado al
cargo por Lula- echó mano de la “teoría del dominio de facto”, para afirmar que
no era posible que el ministro de la Casa Civil -José Dirceu, fundador del PT y
segundo nombre más importante del partido- no tuviera conocimiento de la trama gestionada por sus
subordinados. Tal argucia jurídica fue aceptada por nueve de los diez ministros
del STF, no sin dejar perlas que evidenciaban
la fragilidad, o fraude, del caso. La ministra Rosa Weber dijo, al argüir su
voto: “No tengo prueba cabal contra Dirceu –pero lo voy a condenar porque la
literatura jurídica lo permite”. Ya el ministro Marco Aurélio de Melo, frente
al pedido de re-abertura del proceso del Mensalão en el 2012, dirá que no se
debería decepcionar a la opinión pública, como argumento para mantener su voto
en contra de Dirceu y otros procesados.
Pero quizás lo más relevante
fue la (no) reacción de Lula y del PT al escándalo. Contra los pedidos de Dirceu
y voces minoritarias del partido, Lula no quiso valerse de su enorme
popularidad y llamar los movimientos sociales para cuestionar en la calle la
legalidad del juicio. Los medios pudieron, así, referirse reiteradamente en los
últimos años al “Mensalão del PT” como el más grande escándalo de corrupción de
país. La imagen del partido, para una no desdeñable parte de la población del
país, sobre todo para sus cínicas élites, se mimetiza con la corrupción. Ello afianzó
la alianza poder judicial-medios, los odios de las élites y de las clases
medias influenciables.
Que el relator del “Mensalão”,
Joaquim Barbosa, haya sido indicado al STF por Lula, es indicativo de un gran fallo
estratégico del PT. Se infravaloró la importancia del STF y tampoco se percibió
que el aura de la más alta casa judicial del país era capaz de mimetizar a
jueces que habían tenido preocupaciones izquierdistas y reconducirlos a la
posición de guardianes de las élites del país. De los actuales 11 ministros del
STF, ocho fueron nombrados por Lula o Dilma, pero en su mayoría tienden a
decidir los casos en favor de intereses políticos conservadores.
Los gobiernos del PT tampoco fueron
hábiles para comprender la importancia estratégica de otras áreas del poder
judicial (y policiaco). El actual escándalo de corrupción desatado por la
Lava-jato es consecuencia directa de ello. Aun cuando no hay seguridad plena
sobre ello, la hipótesis más razonable indica que esta operación, iniciada a
inicios del 2014, fue una maniobra orquestada por el Ministerio Público Federal
(MPF), en alianza con la Policía Federal, con el objetivo de inviabilizar al
gobierno Dilma e impedir la candidatura de Lula a la presidencia en el 2018. Hay
fuertes indicios de que el servicio de inteligencia de EEUU -que, según Snowden,
había espiado a la Petrobrás- haya otorgado al MPF la línea investigativa
adecuada: las grandes empresas constructoras del país -entre ellas Odebrecht,
Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y OAS- tendrían facilidades para actuar como contrapartes
de la Petrobrás en diferentes proyectos, a cambio de donaciones electorales al
PT y partidos de su base aliada, notoriamente el PMDB y el PP (partido heredero
de la dictadura, autora en los ’60 de la alianza entre el capital privado
nacional y Petrobrás). Es notable que el principal partido opositor, el PSDB,
recibió por parte de las mismas constructoras donaciones parejas a las que
recibió el PT, pero aun cuando ha sido mencionado en delaciones premiadas, no
se les ha investigado y menos se ha filtrado información a la prensa sobre
ello.
La Lava-Jato ignora la
presunción de inocencia y otras garantías legales del reo. Su proceder es
relativamente sencillo: el político o empresario investigado es encarcelado por
un período indefinido, sin concederse libertad provisional, puesto que se
presupone (arbitrariamente) que en libertad interferiría en las investigaciones.
Caso acepten realizar “delación premiada”, es decir, que mencionen alguien
superior como responsable por crímenes, son inmediatamente sueltos, además de
recibir otros incentivos. Le ilegalidad de todo ello es manifiesta, pero llama
la atención que, en un caso, los ejecutivos de una empresa investigada fueron
sueltos sin delación premiada y pese a que audios habían indicado que estaban
efectivamente destruyendo pruebas. Eran ejecutivos de la Mossak Fonseca, la
misma que hoy está en el centro de los Panama Papers. Fueron sueltos cuando se
supo que una de sus offshares era dueña de un Triplex construido ilegalmente en
una zona ecológica playa y presuntamente propiedad de la familia Marinho, dueña
de la Televisión Globo.
Entramos entonces en la
alianza medios de comunicación y sector judicial. La importancia estratégica de
la relación nos la explica el propio juez responsable por la Lava-Jato, Sérgio
Moro, quién escribió en el 2007 un artículo sobre la Mani Pulite italiana (ver aquí) en el que
explicaba que solo una coordinación inquebrantable entre el poder judicial y
los medios permitirían una acción eficaz contra la corrupción. De ahí se
comprende que haya sido tan difícil para que los sectores democráticos del
derecho tuvieran su voz oída en sus denuncias contra la Lava-Jato. Solamente tras
la conducción coercitiva de Lula y la conmoción social subsecuente, que ellas
se hicieron audibles.
Lo interesante de todo ello es
que el MPF y la Policía Federal pudieron realizar una investigación tan acotada
en contra de los gobiernos del PT justamente porque estos, en su ingenuo
republicanismo, les dieron la autonomía de la que siempre carecieron durante
los gobierno presidenciales del PMDB y el PSDB postredemocratización. La propia
“delación premiada”, instrumento principal de la Lava-Jato, fue institucionalizada
durante el gobierno de Dilma.
Contra los grandes medios,
tampoco hubo acción relevante ni por parte del PT ni de Dilma. Aquí no hay excusa
de que no estaban avisados de la importancia estratégica del sector. Unas pocas
familias concentran alrededor de sí una cantidad de medios desproporcional y su
compromiso siempre estuvo al lado de los enemigos políticos del PT. La notable
ojeriza de Lula a los conflictos queda aquí más evidente que nunca. Los grandes
medios pudieron a lo largo de los últimos 14 años establecer las más ridículas
y agresivas menciones al PT y a la izquierda en general sin recibir una
importante censura por parte del gobierno. De esta forma, pudieron levantar
reportajes falsos -sobre todo durante elecciones-, imponer la visión de que el
Mensalão fue el más grande caso de corrupción del país o insultar al presidente
de la república sin apenas recibir respuestas.
4) Las organizaciones civiles pró-impedimento y quienes acuden a las
marchas que convocan
El antecedente inmediato de
los actuales grupos civiles de derecha surgió con la apropiación del espacio de
indignación que había tenido lugar en junio del 2013 a raíz de la violenta
represión de las manifestaciones en contra del Mundial y del aumento del
transporte público. Me he extendido sobre ello anteriormente (ver aquí). Ahora es
importante recordar que las manifestaciones en contra del aumento de los
transportes, convocadas en diversas capitales desde abril del 2013 por
colectivos juveniles independientes e indudablemente de izquierda, pasaron en
un momento preciso (desde el martes 20 de junio) a ser orquestadas por grupos
de derecha. Dada la apuesta organizativa horizontal de los movimientos convocadores
de las protestas, en estas era posible la participación de otros grupos
sociales y el levantamiento de sus propias demandas. Ello dio lugar a que
grupos conservadores, apoyados con fondos que permitieron la capacitación de
“activistas”, la producción en masa de afiches con demandas generales -en
contra de la corrupción, en favor de la educación y la salud, en contra de
partidos- o la distribución de cintas y tintas verde-amarillas, diluyeran las
propuestas de la marcha. Activistas de partidos políticos y de movimientos
sociales fueron agredidos en las manifestaciones. El propio Movimiento del Pase
Libre, responsables por las protestas en Sao Paulo, llamó la atención para este
hecho y, una vez logrado su objetivo de impedir el aumento de los pasajes,
decidió no convocar nuevas marchas y realizar un análisis interno de lo
ocurrido.
Paralelamente, los medios, que
habían condenado las manifestaciones, pasan a elogiarlas por suponer la
politización de la juventud. Los medios cubren con entusiasmo las
manifestaciones a partir del día 20, interviniendo en sus temáticas. Asimismo,
surgen una serie de perfiles en Facebook que distribuyen spam con materiales
homogéneos que, tras una delgada máscara de apartidismo, responsabilizan a los
gobiernos del PT por la desatención a la salud y a la educación, así como por
la corrupción en el país.
Desde entonces, se conformarán
diferentes grupos conservadores apartidarios que convocarán manifestaciones en
contra del gobierno Dilma en diferentes momentos a lo largo del 2014, aunque
sólo tras la elección de Dilma a finales de octubre que estas manifestaciones
empezarán a tener relevancia. La no aceptación de la derrota por parte de Aécio
Neves permitió una lluvia de ideas de los grupos de derecha para lograr
inviabilizar el gobierno de la petista. Ya en diciembre del 2014,
movilizaciones impulsadas por organizaciones como Movimento Brasil Livre,
Revoltados on Line o Vem pra Rua tienen algún éxito. Pero será desde marzo del
2015 que las manifestaciones ganarán proporciones extraordinarias, cuando ya
fluían las filtraciones selectivas a la prensa por parte de la Lava-Jato. Se
calcula que entonces cerca de un millón y medio de personas salieron a la calle
para protestar contra el gobierno Dilma. Las encuestas realizadas aquél día
mostraron que los manifestantes pertenecían en su mayoría a la clase media
alta, que tenían posturas liberales frente a cuestiones relacionadas al aborto
o al matrimonio homosexual, y que se encontraban en contra de las políticas
específicas de los gobiernos del PT hacia pobres, negros e indígenas.
Otras manifestaciones fueron
convocadas aun el 2015, pero el éxito masivo solo se repitió un año después. En
la semana previa a la manifestación del 13 de marzo de este año, la articulación
Lava-Jato-medios sincronizó su reloj con las calles y se filtró (ilegalmente,
como siempre) a los medios de comunicación la delación premiada del senador
Delcídio Amaral. Amaral arremetió contra todos, sobre todo contra Lula
(acusándolo de estar por detrás de las negociaciones para evitar que un otro
testigo clave delatara) y Dilma (quién habría intentado intervenir en el STF).
Pero también contra Aécio Neves, contra el vice Michel Temer y otros políticos
de la derecha. Al día siguiente de la divulgación, la Lava-Jato lleva
coercitivamente Lula a prestar testimonio, además de allanar su casa y la del
Instituto que lleva su nombre. Tras haber sido liberado, Lula lanzaría un
discurso confrontativo. La izquierda y otros sectores que abogan por la defensa
de la democracia formal mostrarían su apoyo al expresidente, pero la oposición
se benefició más de la maniobra judicial-mediática. Tres días tras la filtración
de la delación de Amaral, Brasil ve salir a las calles la probablemente mayor
manifestación política de su historia. Entre las diferentes ciudades, cerca de
2 millones de personas fueron a las calles a protestar.
En este momento, el
Impedimento, que había estado parado desde diciembre en la cámara de los
diputados, vuelve a ser posible por aclamación.
5) Las manifestaciones
“por la democracia”, las críticas a Dilma y el factor Lula
Las manifestaciones “Pela
democracia” van surgiendo de manera variada, pero son guiadas por dos grandes
redes, la Pueblo Sin Miedo y la Frente Brasil Popular. Ambas contienen decenas de
organizaciones y sindicatos muy variados en fuerza y temática, desde la Central
Única de Trabajadores y el Movimiento Sin Tierra hasta organizaciones pequeñas
relacionadas a la negritud, la diversidad sexual o el hip-hop. Algunas de estas
organizaciones y sindicatos -sobre todo la CUT- están muy próximas al PT, otras
le son muy distantes. Organizaron al menos dos marchas medianas en el 2014 (que
alcanzaron algunas decenas de miles de personas en todo el país) y otras dos
grandes tras el interrogatorio a Lula, el 18 y el 31 de marzo, alcanzando
centenas de miles de personas en ambos casos.
También promovieron actos
culturales en diferentes capitales. A partir de estas redes o desde
movilizaciones espontáneas, muchas y heterogéneas actividades y manifiestos de
apoyo a la democracia han tenido lugar, siendo algo aleatorio destacar algunas
de ellas: el apoyo de los rectores de universidades públicas, acto de mujeres
feministas y de educadoras junto a Dilma, encuentro de intelectuales, un
manifiesto firmado por 450 organizaciones de las periferias urbanas del país,
otro firmado por 71 organizaciones negras, y etc.
Es fundamental recordar que
muchas de estas adhesiones son extremadamente críticas al gobierno de Dilma y
al PT. En un acto reciente de intelectuales y artistas en apoyo a la democracia,
la indígena Sonia Guajajara exigió la demarcación de tierras indígenas, cuestionó
toda la política agraria de Dilma y demandó que ella destituyera la ministra de
agricultura. Todo ello en presencia de Lula.
b)
¿Cómo
se portarán estos actores a 4 días del juicio político?
Para que ocurra el
Impedimento, es necesario que dos tercios de la cámara (342 diputados de 513)
lo apruebe. El gobierno necesita que 172 diputados voten en contra del
Impedimento, se abstengan o se ausenten. El gobierno asegura tener 186 votos y
la oposición 345, es decir, cada quién dice tener segura la victoria. Ello
quiere decir que la batalla será voto a voto, siendo que las últimas jugadas
parecen favorecer al Golpe.
Si el pedido de Impedimento es
aprobado por los diputados este domingo 17 de abril, Dilma será apartada de su
cargo hasta que el Senado también lo vote, lo que ocurriría en mayo. Sería muy
difícil que votara en contra de lo decidido por los diputados.
1) El gobierno
Dilma, la cúpula del PT y Lula
Dilma ha cedido protagonismo a Lula. Pese
a que no ha podido asumir como ministro de la Casa Civil por la acción de
jueces alineados con la derecha, está ejerciendo como articulador del gobierno,
pasa tres o cuatro días a la semana en Brasilia y recibe diariamente a decenas
de diputados y políticos, buscando coser una alianza que detenga el Impedimento
de Dilma y permita una gobernabilidad estable. No parece estar dando los
resultados deseado, puesto que el PP (el partido heredero nada más, nada menos,
que de la dictadura militar), con quién negociaba preferencialmente, ha
decidido pasarse a la oposición.
Asimismo, Lula viaja por el
país participando de eventos pro-democracia con la intención de mantener
ilusionada a la militancia. Su discurso está más direccionado a la izquierda,
pero se sabe escuchado por el sector empresarial, a quienes busca mostrarse
como la persona idónea para evitar un posible conflicto social.
2) La oposición (sobre todo, la cámara de los diputados)
El vice-presidente Temer, al
igual que Lula, viene a diario recibiendo decenas de políticos en su gabinete.
Ya proyecta su gabinete ministerial y reparte cargos.
El presidente de la cámara de
los diputados, Cunha, mantiene su postura avasalladora imponiendo medidas
claramente antidemocráticas, como hacer la votación del Impedimento un domingo
(para facilitar la movilización de las clases medias) o empezar la votación por
los Estados en dónde se sabe que el Impedimento tiene más votos. Con ambas
medidas, busca generar un ambiente que presione los diputados a acatar el
Impedimento. Si se logra el Impedimento, tendrá una victoria personal, la cual
le otorgará enorme prestigio, el cual no será suficiente para mantenerlo en la
presidencia de la cámara, puesto que sus escándalos de corrupción son increíblemente
abundantes, pero logrará el reconocimiento de Temer y de otros diputados,
quienes lo protegerán en la medida de lo posible. Seguramente, también
mantendrá ascendencia sobre los empresarios, quienes lo considerarán como el
gran lobista (que es) caso tenga que dejar temporariamente la política formal.
La cámara de los diputados
habrá purgado sus pecados frente a los medios de comunicación y podrá mantener
su modus operandi. Seguramente, los diputados del PT aun serán víctimas de la
Lava-Jato y quizás caigan algunos de otros partidos, sin embargo, es poco
probable que el poder judicial tenga el apoyo de los medios si decidiera
avanzar sobre otros partidos. Prolongar la inestabilidad política sería nefasto
para los empresarios que pretenden un ajuste fiscal más severo que el de Dilma.
Es interesante, aun, percibir
que el principal partido de oposición a los gobiernos del PT, el PSDB, ha
salido muy mal parado de este año y
medio de disputas. Pese a que la Lava-Jato y el Ministerio Público han intentado
de forma vergonzosa defenderlo de numersos escándalos de corrupción, el hecho
es que las grandes empresas constructoras han financiado también sus campañas
electorales y en algunas delaciones premiadas han salido sus nombres. Ello ha
generado, por parte de los manifestantes, una fuerte oposición a los líderes
del partido. En la manifestación del último 13 de marzo, Aécio Neves fue hostilizado
por la multitud. Si hace algunos meses Neves era el posible candidato a
presidente con mayor intención de votos, hoy ve como lo superan Lula, Marina
Silva (exministra de Lula, con quién hoy ha roto relaciones), y el
ultraderechista Jair Bolsonaro. Parece ser el fin de la derecha tradicional: al
optar esta por desconocer las elecciones, rompieron la legitimidad del voto,
símbolo máximo del pacto mínimo propuesto por el liberalismo. Brasil entra en
nueva era, en dónde la derecha corrupta y radical, representada por Cunha y
Bolsanaro es mucho más eficaz.
3) El poder
judicial y su alianza con los grandes medios
Con el anuncio oficial por
parte de Dilma de que Lula sería su ministro de la Casa Civil, el juez Moro y
los grandes medios jugaron una carta muy alta. El teléfono de Lula que estaba
interceptado había generado a Moro una cantidad importante de información que, según
como fueran interpretadas, podrían dar a comprender que Lula entraba al
ministerio para escapar de la investigación que se le estaba haciendo (3).
Moro suelta todas estas conversaciones a la Red Globo, quién las transmite por
casi una hora en su telediario más asistido. Entre las grabaciones, una entre
Lula y Dilma, quién, como presidenta, no podría haber tenido su teléfono
intervenido de ninguna forma.
Con ello, la operación
Lava-Jato y el juez Moro (cuyos niveles de aprobación popular había estado por
encima del 90%, bajándose al 60%) perdieron mucha credibilidad. Para muchas más
personas se hizo evidente el carácter político de la investigación. Sin
embargo, la suerte ya estaba lanzada, los medios y el sistema judicial ya no
van retroceder. El escándalo de grabar una conversación de la presidenta y
divulgarla sólo evidencia que están dispuestos a dividir el país con tal de
detener la influencia de los movimientos sociales en el gobierno nacional.
Sin embargo, la alianza
Lava-Jato y medios no ha podido desde entonces producir noticias de gran
explosividad. Pero han pasado a actuar de manera más comedida, no por ello
menos táctica. Cuando en el mes de marzo Lula articulaba junto al PP su mayor
incorporación al gobierno, una operación de la Lava-Jato acosó a muchos
integrantes de este partido, lo que fue fundamental para que anteayer el PP
pasara a la oposición. Asimismo, como forma de presionar al congreso, se filtró
una lista de donaciones de la Odebrecht a cerca de 200 políticos: muchos
parlamentarios habrán comprendido que serán investigados detenidamente si no
colaboran con la deposición del gobierno de Dilma.
Los empresarios organizados, a
su vez, se han sumado de cuerpo y alma a la campaña del Impedimento. Pagan
diariamente anuncios gigantescos en los principales periódicos del país en
contra del gobierno y apoyan materialmente las manifestaciones pro-Impedimento.
El mayor pecado del presente artículo es no haber indagado más detenidamente
sobre cómo se encuentran por tras de los movimientos del poder judicial y del
mediático. Estas reflexiones quedan pendientes.
4) Las
organizaciones civiles pró-Impedimento y quienes acuden a las marchas que
convocan
Los líderes de las
organizaciones siguen conduciendo sus campañas por internet y movilizando la
opinión pública, ahora con el objetivo de una presencia masiva en Brasília el
día de la votación del Impedimento. No se sabe la cantidad de público que podrá
juntar en este día. La pérdida de popularidad del juez Moro puede disminuir la
presencia en frente a la cámara de los diputados el domingo (se calcula que
estuvieron presentes cerca de 80 mil personas en la manifestación
pró-Impedimento del 13 de marzo en Brasília,)
El público de las marchas, al
hostilizar a los políticos del PSDB, se ha mostrado no totalmente dócil a lo
que de ellos se esperaba. Es probable que parte de este público, aun sin la
persecución mediática y judicial (caso gane el Impedimento), demande un avance
en la lucha contra la corrupción más allá de la que ocurre dentro del PT.
Probablemente, algunos otros políticos tendrán que ser ofrecidos en sacrificio
a este público. Con toda seguridad, Cunha deberá ser sancionado, pero por su
capacidad para haber llevado adelante el Impedimento, muy probablemente será protegido
al máximo.
Si el Impedimento no ocurre, este
público será movilizado para pedir la revocación de la candidatura de Dilma (y,
en este caso, también de Temer) en el tribunal superior electoral. Si ello
ocurre, habría nuevas elecciones.
5) Las manifestaciones “por la democracia”
El Frente Brasil Popular y el
Pueblo Sin Miedo buscan superar el número de 100 mil personas que estuvo en
frente a la cámara de los diputados el 31 de marzo. Como entonces, organizan el
viaje en autobuses desde diferentes puntos del país. Hay noticias -no
confirmadas oficialmente- de que hay 200 buses viniendo desde Bahía con cerca
de ocho mil personas.
Mientras tanto, siguen
organizándose actos en todo Brasil en favor de la democracia. A título de curiosidad,
un grupo de funk de Rio de Janeiro dice pretender hacer un show que junte a 100
mil personas de la periferia de la ciudad en una de sus playas más famosas.
Los movimientos sociales han
apoyado a los candidatos del PT de forma masiva, sobre todo en las segundas
vueltas electorales, cuando la polarización derecha-izquierda se hacía
evidente. Sin embargo, no fueron oídos con la seriedad debida. En muchos casos
-los movimientos campesinos, indígenas y ecológicos en particular- han visto
los acuerdos pre-electorales totalmente rotos una vez asumida la presidencia
por parte de Lula y, sobre todo, Dilma. Pero esta vez, parece haber indicios
-ojalá- de que los movimientos no permitirán ser nuevamente postergados. Si
Dilma permanece en el cargo y no otorga una importancia diferenciada a las
organizaciones, es muy probable que estas se subleven. Su consciencia de haber
sido el sostén del gobierno en las últimas semanas es muy amplia.
Caso el Impedimento ocurra,
las movilizaciones serán, asimismo, amplias. Marchas, paros, huelgas deben
entrar al orden del día. No se cederá en la consideración del Impedimento como Golpe,
no se legitimará a Temer como presidente y se buscará la inestabilidad social.
Entones es posible una reacción judicial-policiaca de gran violencia, sobre lo
cual habrá que hablar en un próximo capítulo.
(1)
El título del artículo hace referencia a Luis
Nassif, hábil y experimentando periodista brasileño cuyo blog (http://jornalggn.com.br/luisnassif) tiene, a mí
juicio, los mejores artículos sobre la situación política de Brasil. En los
últimos meses nos viene informando de los diferentes partidos de ajedrez que se
juegan en el país alrededor del Golpe.
(2)
Agradezco a Matheus Carvalho, Inés Olivera
Rodríguez y Arlene Carvalho de Assis Clímaco por sus comentarios de primera relevancia
a la primera versión de este texto.
(3) Como ministro, Lula tendría derecho a foro privilegiado, es decir, a ser
juzgado por el STF, el cual, como hemos visto, ha tenido con frecuencia
decisiones muy adversas al PT.
Referencias:
La urgencia del momento me ha
impedido explicitar las fuentes del presente escrito. Por lo general, la información
ha sido colectada a través de centenas de artículos leídos en los dos últimos
años, siendo especialmente importantes los aportados por los siguientes blogs:
Luis Nassif On Line: http://jornalggn.com.br/luisnassif
O Cafezinho – informação é poder: http://www.ocafezinho.com/
Tijolaço – "A informação é poder”: http://tijolaco.com.br/
Y en, en menor medida, en la
gran prensa conservadora:
Universo On Line: http://uol.com.br/
Estadao: http://estadao.com.br/
O Globo: http://oglobo.globo.com/
Muito bom, Danilo! Boa iniciativa!
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