jueves, 14 de abril de 2016

El ajedrez del Impedimento/Golpe a Dilma a tres días de su votación en la cámara de los diputados (1)



Danilo Assis Clímaco (2)
14 de abril del 2016

El artículo busca dotar a su lector/a de información mínima para comprender la crisis política en Brasil. En la primera parte, se presentarán los principales grupos envueltos en la trama del Golpe y su trayectoria en los últimos años. En la segunda y última parte, cómo se espera que cada uno de esos grupos actúe de aquí a la votación del Impedimento el domingo 17 de abril y en los días inmediatamente posteriores. Un artículo posterior deberá llamar la atención a la judicialización / policialización de la política brasileña, tendencia que no se detendrá espontáneamente sea cual sea el resultado de la votación del domingo.

a)      Los grupos de actores

Los actores principales pueden ser reunidos en cinco grupos: 1) el gobierno Dilma, la cúpula del PT y Lula; 2) El parlamento, especialmente la cámara de los diputados y su presidente, Eduardo Cunha; 3) El poder judicial y los grandes medios de comunicación: la reedición en Brasil de la Mani Pulite; 4) Las organizaciones civiles pró-impedimento y quienes las apoyan y/o acuden a las marchas que convocan; 5) Las organizaciones “en favor de la democracia”.

1) El gobierno Dilma, la cúpula del PT y Lula

El gobierno Lula (2002-2010) logró unificar en un mismo proyecto a los más ricos y lo más pobres, sin luchar contra el capitalismo, actuando dentro de él minimizando sus daños. Ello puede ser percibido como algo ínfimo frente a las posibilidades abiertas en el 2002, pero indudablemente ha cambiando de manera nada irrelevante la vida de millones de personas. Pese a que todos disfrutaron del crecimiento económico (Lula sale de la presidencia en el 2010 con 87% de aprobación), las élites actuaron a nivel mediático agresivamente para mantener prejuicios clasistas y raciales contra el PT y Lula, buscando que las inéditas mejorías en la vida de la población fueran percibidas como obra de una favorable coyuntura internacional y no como resultado de las políticas del gobierno del PT, hacia el cual se desarrolló una estrategia para asociar de manera indeleble el incremento de la corrupción.

El más grande escándalo de corrupción de los gobiernos Lula -denominado “mensalão”, deflagrado en el 2005- tuvo dos efectos prácticos, derivados de la ojeriza de Lula a los conflictos: a) se condena a una buena parte del primer escalón del PT que podría haberlo sucedido en el 2010; b) el Supremo Tribunal Federal, que condenó a este primer escalón sin alcanzar pruebas cabales, inaugura un periodo de expansión arbitraria del poder judicial. Sin sus antiguos aliados, Lula tendrá una relación estrecha con su ministra de la Casa Civil, Dilma, con quién se reunirá diariamente en todos los años que le restaron como presidente. Pese a no ser un cuadro histórico del PT y a carecer de habilidades políticas, es la elegida por Lula para disputar la presidencia en el 2010, alcanzándola y reeligiéndose en el 2014.

Careciendo del carisma de Lula, opta por un gobierno técnico, pero parece que no fue consciente de que no era carismática siquiera en su entorno más próximo. Diversas fuentes apuntan a que es muy severa con los errores de los ministros, lo que terminó por inhibir sus iniciativas, no tiene buena comunicación con los diputados y senadores aliados y tampoco es ágil para tomar decisiones ella misma.

Ello hizo el gobierno vulnerable a las estratagemas de la oposición y de los aliados de los partidos conservadores (que ocupa la vice-presidencia) para desestabilizar el gobierno. Inmediatamente tras perder las elecciones, el candidato Aécio Neves y su partido, el PSDB, junto a otros grupos conservadores, lanzaron al aire una serie de hipótesis que permitieran anular la elección de Dilma o impedir su mandato. Aun en el 2014, algunos de esos grupos convocarían marchas, que en el 2015 serían gigantescas. La investigación Lava-Jato (la Mani Pulite brasileña) investigaría de modo selectivo en contra del PT el financiamiento de campañas por parte de las grandes empresas constructoras del país, filtrando ilegalmente información a la prensa, con lo que alimentó las marchas y la inestabilidad en el parlamento. Cuando, a inicios del 2016, un senador del PT encarcelado hace un acuerdo de delación con la Lava-Jato y acusa Lula y Dilma de tener conocimiento del esquema de financiamiento ilegal de campañas, la crisis política llega a su máximo punto y pasa a ser una percepción general de que el gobierno solo podría ser salvado mediante la inclusión de Lula en el Casa Civil, aunque quizás ya era tarde para ello.

2) El parlamento, especialmente la cámara de los diputados

Tradicionalmente, el votante en Brasil asocia poco sus candidatos a presidente, diputado y senador. Los votos son personalizados, siendo los mayores factores de influencia el dinero de campaña que logra recaudar cada candidato individualmente y su carisma. Debido a ello, pese a que Dilma tuviera el 47% de los votos, el PT tuvo poco más del 10% de los diputados (58 de 513). El otro partido de centro-izquierda comprometido con el gobierno, el PC do B, tiene 11 diputados y el PSOL, de la izquierda oposicionista, tiene 6. En algunos otros partidos hay también otros parlamentares llamables de izquierda, que en su total llegarían a poco más de 100. Luego, 400 diputados, el 80%, son inequívocamente de derecha o centro. Aunque el número de diputados de izquierda fue sensiblemente superior en los gobiernos de Lula, el PT nunca alcanzó el 20% de la cámara y siempre fue necesario una amplia alianza con los partidos de derecha para gobernar, sobre todo el PMDB -partido del vice-presidente Temer, que actualmente cuenta con 67 diputados y que fue base de apoyo de todos los gobiernos desde la redemocratización, hasta el pasado 29 de marzo, cuando rompió con Dilma con el objetivo de fragilizarla aun más y sustituirla por Temer-. De esta forma, la alianza política es necesariamente inestable y se basa menos en contenido programático y más en la distribución de ministerios. Dada la inhabilidad política de Dilma y el excepcional grado de corrupción del parlamento elegido en 2014 (el más conservador desde la redemocratización en 1988), tal inestabilidad olía a ingobernabilidad.

Sabiendo de ello, en las primeras semanas del inicio del segundo mandato (1° de enero del 2015), grupos oposicionistas protocolaron ocho pedidos de Impedimento en la cámara de los diputados. La ley establece que la mandataria electa solo puede ser apartada de su cargo en caso de haber cometido crimen de responsabilidad, algo que ninguno de los pedidos de Impedimento fue capaz de mostrar con claridad. Los pedidos quedaron en estado de espera, mientras el gobierno Dilma buscaba un pacto sostenible con la indisciplinable cámara. Con el andamiaje de la selectiva investigación de la Lava-Jato y sus ilegales filstraciones, hubo un incremento del descontento popular (“popular” es un decir, puesto que atañía marcadamente en las clases medias y altas), cuyo marco en el 2015 fue la marcha del domingo 15 de marzo que puso un millón y medio de personas en la calle de 100 ciudades.

Pero más allá de los sucios movimientos de la derecha, la “aliada” y la oposicionista, Dilma optó por un ajuste estructural contra el cual se había elegido, lo que trastocó su relación con las organizaciones de base. Integrantes del PT y el propio Lula condenarían duramente el ajuste.

De esta forma, a mediados del 2015, el Impedimento empezaba a hacerse posible. Lo detenía, además de la inconsistencia de los pedidos presentados, la falta de autoridad moral del congreso: de sus 513 integrantes, 163 tiene pendencias judiciales -mal que Dilma no padece-. El congreso se encuentra perfectamente representado en su presidente, Eduardo Cunha (PMDB), envuelto en todos los grandes procesos de corrupción que atañen al país, incluidos el levantado por la Lava-Jato y el reciente Panamá Papers, aparte de haber sido investigado por el Ministerio Público (MP) de Suiza por tener cuentas ilegales en este país. Junto al vice Michel Temer, fue Cunha quién más maniobró para que el gobierno no tuviera cualquier estabilidad. Cuando a mediados de abril el MP de Suiza hizo pública sus cuentas ilegales, pareció que Cunha podría muy rápidamente ser expulsado del congreso. Diputados del PT y líderes de la oposición hicieron declaraciones en su contra. Sin embargo, él redobló la agresividad hacia el gobierno, exigió a los oposicionistas que dejaran de criticarle y se mostró como el único capaz de romper las reglas y la decencia para llevar a cabo el Impedimento. Sin embargo, el gobierno también le temía y buscó apaciguarlo, lo que finalmente no se pudo, puesto que la mayoría de los diputados del PT -y los de muchos partidos- decidió abrirle un expediente para quitarle el mandato. Al día siguiente, como claro acto revanchista, Cunha aceptó el menos frágil de los pedidos de Impedimento que tenía en su mesa.

En un primer momento, el Impedimento pareció posible. Tras una rearticulación del gobierno, se volvió poco sostenible, pero con las jugadas del poder judicial y de los medios durante el mes de febrero, se hizo no solo posible sino probable.

3) El poder judicial y su alianza con los grandes medios: del Mensalão a la Mani Pulite brasileña

Los excesos de la alianza entre el poder judicial y los grandes medios tienen su primer gran momento entre el 2005 y el 2012, cuando es juzgado el Mensalão. Con la deflagración de las primeras noticias sobre el supuesto crimen, los medios de comunicación lo insuflaron y se generó una conmoción en la clase media. En algún momento del 2005 se creyó que el gobierno Lula podría no llegar a su fin. Sin embargo, las pruebas cabales nunca llegaron, se construyó una hipótesis investigativa y el relator del caso en el Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa -indicado al cargo por Lula- echó mano de la “teoría del dominio de facto”, para afirmar que no era posible que el ministro de la Casa Civil -José Dirceu, fundador del PT y segundo nombre más importante del partido- no tuviera  conocimiento de la trama gestionada por sus subordinados. Tal argucia jurídica fue aceptada por nueve de los diez ministros del STF,  no sin dejar perlas que evidenciaban la fragilidad, o fraude, del caso. La ministra Rosa Weber dijo, al argüir su voto: “No tengo prueba cabal contra Dirceu –pero lo voy a condenar porque la literatura jurídica lo permite”. Ya el ministro Marco Aurélio de Melo, frente al pedido de re-abertura del proceso del Mensalão en el 2012, dirá que no se debería decepcionar a la opinión pública, como argumento para mantener su voto en contra de Dirceu y otros procesados.

Pero quizás lo más relevante fue la (no) reacción de Lula y del PT al escándalo. Contra los pedidos de Dirceu y voces minoritarias del partido, Lula no quiso valerse de su enorme popularidad y llamar los movimientos sociales para cuestionar en la calle la legalidad del juicio. Los medios pudieron, así, referirse reiteradamente en los últimos años al “Mensalão del PT” como el más grande escándalo de corrupción de país. La imagen del partido, para una no desdeñable parte de la población del país, sobre todo para sus cínicas élites, se mimetiza con la corrupción. Ello afianzó la alianza poder judicial-medios, los odios de las élites y de las clases medias influenciables.

Que el relator del “Mensalão”, Joaquim Barbosa, haya sido indicado al STF por Lula, es indicativo de un gran fallo estratégico del PT. Se infravaloró la importancia del STF y tampoco se percibió que el aura de la más alta casa judicial del país era capaz de mimetizar a jueces que habían tenido preocupaciones izquierdistas y reconducirlos a la posición de guardianes de las élites del país. De los actuales 11 ministros del STF, ocho fueron nombrados por Lula o Dilma, pero en su mayoría tienden a decidir los casos en favor de intereses políticos conservadores.

Los gobiernos del PT tampoco fueron hábiles para comprender la importancia estratégica de otras áreas del poder judicial (y policiaco). El actual escándalo de corrupción desatado por la Lava-jato es consecuencia directa de ello. Aun cuando no hay seguridad plena sobre ello, la hipótesis más razonable indica que esta operación, iniciada a inicios del 2014, fue una maniobra orquestada por el Ministerio Público Federal (MPF), en alianza con la Policía Federal, con el objetivo de inviabilizar al gobierno Dilma e impedir la candidatura de Lula a la presidencia en el 2018. Hay fuertes indicios de que el servicio de inteligencia de EEUU -que, según Snowden, había espiado a la Petrobrás- haya otorgado al MPF la línea investigativa adecuada: las grandes empresas constructoras del país -entre ellas Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y OAS- tendrían facilidades para actuar como contrapartes de la Petrobrás en diferentes proyectos, a cambio de donaciones electorales al PT y partidos de su base aliada, notoriamente el PMDB y el PP (partido heredero de la dictadura, autora en los ’60 de la alianza entre el capital privado nacional y Petrobrás). Es notable que el principal partido opositor, el PSDB, recibió por parte de las mismas constructoras donaciones parejas a las que recibió el PT, pero aun cuando ha sido mencionado en delaciones premiadas, no se les ha investigado y menos se ha filtrado información a la prensa sobre ello.

La Lava-Jato ignora la presunción de inocencia y otras garantías legales del reo. Su proceder es relativamente sencillo: el político o empresario investigado es encarcelado por un período indefinido, sin concederse libertad provisional, puesto que se presupone (arbitrariamente) que en libertad interferiría en las investigaciones. Caso acepten realizar “delación premiada”, es decir, que mencionen alguien superior como responsable por crímenes, son inmediatamente sueltos, además de recibir otros incentivos. Le ilegalidad de todo ello es manifiesta, pero llama la atención que, en un caso, los ejecutivos de una empresa investigada fueron sueltos sin delación premiada y pese a que audios habían indicado que estaban efectivamente destruyendo pruebas. Eran ejecutivos de la Mossak Fonseca, la misma que hoy está en el centro de los Panama Papers. Fueron sueltos cuando se supo que una de sus offshares era dueña de un Triplex construido ilegalmente en una zona ecológica playa y presuntamente propiedad de la familia Marinho, dueña de la Televisión Globo.

Entramos entonces en la alianza medios de comunicación y sector judicial. La importancia estratégica de la relación nos la explica el propio juez responsable por la Lava-Jato, Sérgio Moro, quién escribió en el 2007 un artículo sobre la Mani Pulite italiana (ver aquí) en el que explicaba que solo una coordinación inquebrantable entre el poder judicial y los medios permitirían una acción eficaz contra la corrupción. De ahí se comprende que haya sido tan difícil para que los sectores democráticos del derecho tuvieran su voz oída en sus denuncias contra la Lava-Jato. Solamente tras la conducción coercitiva de Lula y la conmoción social subsecuente, que ellas se hicieron audibles.

Lo interesante de todo ello es que el MPF y la Policía Federal pudieron realizar una investigación tan acotada en contra de los gobiernos del PT justamente porque estos, en su ingenuo republicanismo, les dieron la autonomía de la que siempre carecieron durante los gobierno presidenciales del PMDB y el PSDB postredemocratización. La propia “delación premiada”, instrumento principal de la Lava-Jato, fue institucionalizada durante el gobierno de Dilma.

Contra los grandes medios, tampoco hubo acción relevante ni por parte del PT ni de Dilma. Aquí no hay excusa de que no estaban avisados de la importancia estratégica del sector. Unas pocas familias concentran alrededor de sí una cantidad de medios desproporcional y su compromiso siempre estuvo al lado de los enemigos políticos del PT. La notable ojeriza de Lula a los conflictos queda aquí más evidente que nunca. Los grandes medios pudieron a lo largo de los últimos 14 años establecer las más ridículas y agresivas menciones al PT y a la izquierda en general sin recibir una importante censura por parte del gobierno. De esta forma, pudieron levantar reportajes falsos -sobre todo durante elecciones-, imponer la visión de que el Mensalão fue el más grande caso de corrupción del país o insultar al presidente de la república sin apenas recibir respuestas.

4) Las organizaciones civiles pró-impedimento y quienes acuden a las marchas que convocan

El antecedente inmediato de los actuales grupos civiles de derecha surgió con la apropiación del espacio de indignación que había tenido lugar en junio del 2013 a raíz de la violenta represión de las manifestaciones en contra del Mundial y del aumento del transporte público. Me he extendido sobre ello anteriormente (ver aquí). Ahora es importante recordar que las manifestaciones en contra del aumento de los transportes, convocadas en diversas capitales desde abril del 2013 por colectivos juveniles independientes e indudablemente de izquierda, pasaron en un momento preciso (desde el martes 20 de junio) a ser orquestadas por grupos de derecha. Dada la apuesta organizativa horizontal de los movimientos convocadores de las protestas, en estas era posible la participación de otros grupos sociales y el levantamiento de sus propias demandas. Ello dio lugar a que grupos conservadores, apoyados con fondos que permitieron la capacitación de “activistas”, la producción en masa de afiches con demandas generales -en contra de la corrupción, en favor de la educación y la salud, en contra de partidos- o la distribución de cintas y tintas verde-amarillas, diluyeran las propuestas de la marcha. Activistas de partidos políticos y de movimientos sociales fueron agredidos en las manifestaciones. El propio Movimiento del Pase Libre, responsables por las protestas en Sao Paulo, llamó la atención para este hecho y, una vez logrado su objetivo de impedir el aumento de los pasajes, decidió no convocar nuevas marchas y realizar un análisis interno de lo ocurrido.

Paralelamente, los medios, que habían condenado las manifestaciones, pasan a elogiarlas por suponer la politización de la juventud. Los medios cubren con entusiasmo las manifestaciones a partir del día 20, interviniendo en sus temáticas. Asimismo, surgen una serie de perfiles en Facebook que distribuyen spam con materiales homogéneos que, tras una delgada máscara de apartidismo, responsabilizan a los gobiernos del PT por la desatención a la salud y a la educación, así como por la corrupción en el país.

Desde entonces, se conformarán diferentes grupos conservadores apartidarios que convocarán manifestaciones en contra del gobierno Dilma en diferentes momentos a lo largo del 2014, aunque sólo tras la elección de Dilma a finales de octubre que estas manifestaciones empezarán a tener relevancia. La no aceptación de la derrota por parte de Aécio Neves permitió una lluvia de ideas de los grupos de derecha para lograr inviabilizar el gobierno de la petista. Ya en diciembre del 2014, movilizaciones impulsadas por organizaciones como Movimento Brasil Livre, Revoltados on Line o Vem pra Rua tienen algún éxito. Pero será desde marzo del 2015 que las manifestaciones ganarán proporciones extraordinarias, cuando ya fluían las filtraciones selectivas a la prensa por parte de la Lava-Jato. Se calcula que entonces cerca de un millón y medio de personas salieron a la calle para protestar contra el gobierno Dilma. Las encuestas realizadas aquél día mostraron que los manifestantes pertenecían en su mayoría a la clase media alta, que tenían posturas liberales frente a cuestiones relacionadas al aborto o al matrimonio homosexual, y que se encontraban en contra de las políticas específicas de los gobiernos del PT hacia pobres, negros e indígenas.

Otras manifestaciones fueron convocadas aun el 2015, pero el éxito masivo solo se repitió un año después. En la semana previa a la manifestación del 13 de marzo de este año, la articulación Lava-Jato-medios sincronizó su reloj con las calles y se filtró (ilegalmente, como siempre) a los medios de comunicación la delación premiada del senador Delcídio Amaral. Amaral arremetió contra todos, sobre todo contra Lula (acusándolo de estar por detrás de las negociaciones para evitar que un otro testigo clave delatara) y Dilma (quién habría intentado intervenir en el STF). Pero también contra Aécio Neves, contra el vice Michel Temer y otros políticos de la derecha. Al día siguiente de la divulgación, la Lava-Jato lleva coercitivamente Lula a prestar testimonio, además de allanar su casa y la del Instituto que lleva su nombre. Tras haber sido liberado, Lula lanzaría un discurso confrontativo. La izquierda y otros sectores que abogan por la defensa de la democracia formal mostrarían su apoyo al expresidente, pero la oposición se benefició más de la maniobra judicial-mediática. Tres días tras la filtración de la delación de Amaral, Brasil ve salir a las calles la probablemente mayor manifestación política de su historia. Entre las diferentes ciudades, cerca de 2 millones de personas fueron a las calles a protestar.

En este momento, el Impedimento, que había estado parado desde diciembre en la cámara de los diputados, vuelve a ser posible por aclamación.

5) Las manifestaciones “por la democracia”, las críticas a Dilma y el factor Lula

Las manifestaciones “Pela democracia” van surgiendo de manera variada, pero son guiadas por dos grandes redes, la Pueblo Sin Miedo y la Frente Brasil Popular. Ambas contienen decenas de organizaciones y sindicatos muy variados en fuerza y temática, desde la Central Única de Trabajadores y el Movimiento Sin Tierra hasta organizaciones pequeñas relacionadas a la negritud, la diversidad sexual o el hip-hop. Algunas de estas organizaciones y sindicatos -sobre todo la CUT- están muy próximas al PT, otras le son muy distantes. Organizaron al menos dos marchas medianas en el 2014 (que alcanzaron algunas decenas de miles de personas en todo el país) y otras dos grandes tras el interrogatorio a Lula, el 18 y el 31 de marzo, alcanzando centenas de miles de personas en ambos casos.

También promovieron actos culturales en diferentes capitales. A partir de estas redes o desde movilizaciones espontáneas, muchas y heterogéneas actividades y manifiestos de apoyo a la democracia han tenido lugar, siendo algo aleatorio destacar algunas de ellas: el apoyo de los rectores de universidades públicas, acto de mujeres feministas y de educadoras junto a Dilma, encuentro de intelectuales, un manifiesto firmado por 450 organizaciones de las periferias urbanas del país, otro firmado por 71 organizaciones negras, y etc.

Es fundamental recordar que muchas de estas adhesiones son extremadamente críticas al gobierno de Dilma y al PT. En un acto reciente de intelectuales y artistas en apoyo a la democracia, la indígena Sonia Guajajara exigió la demarcación de tierras indígenas, cuestionó toda la política agraria de Dilma y demandó que ella destituyera la ministra de agricultura. Todo ello en presencia de Lula.

b)     ¿Cómo se portarán estos actores a 4 días del juicio político?

Para que ocurra el Impedimento, es necesario que dos tercios de la cámara (342 diputados de 513) lo apruebe. El gobierno necesita que 172 diputados voten en contra del Impedimento, se abstengan o se ausenten. El gobierno asegura tener 186 votos y la oposición 345, es decir, cada quién dice tener segura la victoria. Ello quiere decir que la batalla será voto a voto, siendo que las últimas jugadas parecen favorecer al Golpe.

Si el pedido de Impedimento es aprobado por los diputados este domingo 17 de abril, Dilma será apartada de su cargo hasta que el Senado también lo vote, lo que ocurriría en mayo. Sería muy difícil que votara en contra de lo decidido por los diputados.

1) El gobierno Dilma, la cúpula del PT y Lula

Dilma ha cedido protagonismo a Lula. Pese a que no ha podido asumir como ministro de la Casa Civil por la acción de jueces alineados con la derecha, está ejerciendo como articulador del gobierno, pasa tres o cuatro días a la semana en Brasilia y recibe diariamente a decenas de diputados y políticos, buscando coser una alianza que detenga el Impedimento de Dilma y permita una gobernabilidad estable. No parece estar dando los resultados deseado, puesto que el PP (el partido heredero nada más, nada menos, que de la dictadura militar), con quién negociaba preferencialmente, ha decidido pasarse a la oposición.

Asimismo, Lula viaja por el país participando de eventos pro-democracia con la intención de mantener ilusionada a la militancia. Su discurso está más direccionado a la izquierda, pero se sabe escuchado por el sector empresarial, a quienes busca mostrarse como la persona idónea para evitar un posible conflicto social.

2) La oposición (sobre todo, la cámara de los diputados)

El vice-presidente Temer, al igual que Lula, viene a diario recibiendo decenas de políticos en su gabinete. Ya proyecta su gabinete ministerial y reparte cargos.

El presidente de la cámara de los diputados, Cunha, mantiene su postura avasalladora imponiendo medidas claramente antidemocráticas, como hacer la votación del Impedimento un domingo (para facilitar la movilización de las clases medias) o empezar la votación por los Estados en dónde se sabe que el Impedimento tiene más votos. Con ambas medidas, busca generar un ambiente que presione los diputados a acatar el Impedimento. Si se logra el Impedimento, tendrá una victoria personal, la cual le otorgará enorme prestigio, el cual no será suficiente para mantenerlo en la presidencia de la cámara, puesto que sus escándalos de corrupción son increíblemente abundantes, pero logrará el reconocimiento de Temer y de otros diputados, quienes lo protegerán en la medida de lo posible. Seguramente, también mantendrá ascendencia sobre los empresarios, quienes lo considerarán como el gran lobista (que es) caso tenga que dejar temporariamente la política formal.

La cámara de los diputados habrá purgado sus pecados frente a los medios de comunicación y podrá mantener su modus operandi. Seguramente, los diputados del PT aun serán víctimas de la Lava-Jato y quizás caigan algunos de otros partidos, sin embargo, es poco probable que el poder judicial tenga el apoyo de los medios si decidiera avanzar sobre otros partidos. Prolongar la inestabilidad política sería nefasto para los empresarios que pretenden un ajuste fiscal más severo que el de Dilma.

Es interesante, aun, percibir que el principal partido de oposición a los gobiernos del PT, el PSDB, ha salido muy  mal parado de este año y medio de disputas. Pese a que la Lava-Jato y el Ministerio Público han intentado de forma vergonzosa defenderlo de numersos escándalos de corrupción, el hecho es que las grandes empresas constructoras han financiado también sus campañas electorales y en algunas delaciones premiadas han salido sus nombres. Ello ha generado, por parte de los manifestantes, una fuerte oposición a los líderes del partido. En la manifestación del último 13 de marzo, Aécio Neves fue hostilizado por la multitud. Si hace algunos meses Neves era el posible candidato a presidente con mayor intención de votos, hoy ve como lo superan Lula, Marina Silva (exministra de Lula, con quién hoy ha roto relaciones), y el ultraderechista Jair Bolsonaro. Parece ser el fin de la derecha tradicional: al optar esta por desconocer las elecciones, rompieron la legitimidad del voto, símbolo máximo del pacto mínimo propuesto por el liberalismo. Brasil entra en nueva era, en dónde la derecha corrupta y radical, representada por Cunha y Bolsanaro es mucho más eficaz.

3) El poder judicial y su alianza con los grandes medios

Con el anuncio oficial por parte de Dilma de que Lula sería su ministro de la Casa Civil, el juez Moro y los grandes medios jugaron una carta muy alta. El teléfono de Lula que estaba interceptado había generado a Moro una cantidad importante de información que, según como fueran interpretadas, podrían dar a comprender que Lula entraba al ministerio para escapar de la investigación que se le estaba haciendo (3). Moro suelta todas estas conversaciones a la Red Globo, quién las transmite por casi una hora en su telediario más asistido. Entre las grabaciones, una entre Lula y Dilma, quién, como presidenta, no podría haber tenido su teléfono intervenido de ninguna forma.

Con ello, la operación Lava-Jato y el juez Moro (cuyos niveles de aprobación popular había estado por encima del 90%, bajándose al 60%) perdieron mucha credibilidad. Para muchas más personas se hizo evidente el carácter político de la investigación. Sin embargo, la suerte ya estaba lanzada, los medios y el sistema judicial ya no van retroceder. El escándalo de grabar una conversación de la presidenta y divulgarla sólo evidencia que están dispuestos a dividir el país con tal de detener la influencia de los movimientos sociales en el gobierno nacional.

Sin embargo, la alianza Lava-Jato y medios no ha podido desde entonces producir noticias de gran explosividad. Pero han pasado a actuar de manera más comedida, no por ello menos táctica. Cuando en el mes de marzo Lula articulaba junto al PP su mayor incorporación al gobierno, una operación de la Lava-Jato acosó a muchos integrantes de este partido, lo que fue fundamental para que anteayer el PP pasara a la oposición. Asimismo, como forma de presionar al congreso, se filtró una lista de donaciones de la Odebrecht a cerca de 200 políticos: muchos parlamentarios habrán comprendido que serán investigados detenidamente si no colaboran con la deposición del gobierno de Dilma.

Los empresarios organizados, a su vez, se han sumado de cuerpo y alma a la campaña del Impedimento. Pagan diariamente anuncios gigantescos en los principales periódicos del país en contra del gobierno y apoyan materialmente las manifestaciones pro-Impedimento. El mayor pecado del presente artículo es no haber indagado más detenidamente sobre cómo se encuentran por tras de los movimientos del poder judicial y del mediático. Estas reflexiones quedan pendientes.  

4) Las organizaciones civiles pró-Impedimento y quienes acuden a las marchas que convocan

Los líderes de las organizaciones siguen conduciendo sus campañas por internet y movilizando la opinión pública, ahora con el objetivo de una presencia masiva en Brasília el día de la votación del Impedimento. No se sabe la cantidad de público que podrá juntar en este día. La pérdida de popularidad del juez Moro puede disminuir la presencia en frente a la cámara de los diputados el domingo (se calcula que estuvieron presentes cerca de 80 mil personas en la manifestación pró-Impedimento del 13 de marzo en Brasília,)

El público de las marchas, al hostilizar a los políticos del PSDB, se ha mostrado no totalmente dócil a lo que de ellos se esperaba. Es probable que parte de este público, aun sin la persecución mediática y judicial (caso gane el Impedimento), demande un avance en la lucha contra la corrupción más allá de la que ocurre dentro del PT. Probablemente, algunos otros políticos tendrán que ser ofrecidos en sacrificio a este público. Con toda seguridad, Cunha deberá ser sancionado, pero por su capacidad para haber llevado adelante el Impedimento, muy probablemente será protegido al máximo.

Si el Impedimento no ocurre, este público será movilizado para pedir la revocación de la candidatura de Dilma (y, en este caso, también de Temer) en el tribunal superior electoral. Si ello ocurre, habría nuevas elecciones.

5) Las manifestaciones “por la democracia”

El Frente Brasil Popular y el Pueblo Sin Miedo buscan superar el número de 100 mil personas que estuvo en frente a la cámara de los diputados el 31 de marzo. Como entonces, organizan el viaje en autobuses desde diferentes puntos del país. Hay noticias -no confirmadas oficialmente- de que hay 200 buses viniendo desde Bahía con cerca de ocho mil personas.

Mientras tanto, siguen organizándose actos en todo Brasil en favor de la democracia. A título de curiosidad, un grupo de funk de Rio de Janeiro dice pretender hacer un show que junte a 100 mil personas de la periferia de la ciudad en una de sus playas más famosas.

Los movimientos sociales han apoyado a los candidatos del PT de forma masiva, sobre todo en las segundas vueltas electorales, cuando la polarización derecha-izquierda se hacía evidente. Sin embargo, no fueron oídos con la seriedad debida. En muchos casos -los movimientos campesinos, indígenas y ecológicos en particular- han visto los acuerdos pre-electorales totalmente rotos una vez asumida la presidencia por parte de Lula y, sobre todo, Dilma. Pero esta vez, parece haber indicios -ojalá- de que los movimientos no permitirán ser nuevamente postergados. Si Dilma permanece en el cargo y no otorga una importancia diferenciada a las organizaciones, es muy probable que estas se subleven. Su consciencia de haber sido el sostén del gobierno en las últimas semanas es muy amplia.

Caso el Impedimento ocurra, las movilizaciones serán, asimismo, amplias. Marchas, paros, huelgas deben entrar al orden del día. No se cederá en la consideración del Impedimento como Golpe, no se legitimará a Temer como presidente y se buscará la inestabilidad social. Entones es posible una reacción judicial-policiaca de gran violencia, sobre lo cual habrá que hablar en un próximo capítulo.
(1)   El título del artículo hace referencia a Luis Nassif, hábil y experimentando periodista brasileño cuyo blog (http://jornalggn.com.br/luisnassif) tiene, a mí juicio, los mejores artículos sobre la situación política de Brasil. En los últimos meses nos viene informando de los diferentes partidos de ajedrez que se juegan en el país alrededor del Golpe.
(2)   Agradezco a Matheus Carvalho, Inés Olivera Rodríguez y Arlene Carvalho de Assis Clímaco por sus comentarios de primera relevancia a la primera versión de este texto.
(3) Como ministro, Lula tendría derecho a foro privilegiado, es decir, a ser juzgado por el STF, el cual, como hemos visto, ha tenido con frecuencia decisiones muy adversas al PT.

Referencias:
La urgencia del momento me ha impedido explicitar las fuentes del presente escrito. Por lo general, la información ha sido colectada a través de centenas de artículos leídos en los dos últimos años, siendo especialmente importantes los aportados por los siguientes blogs:

O Cafezinho – informação é poder: http://www.ocafezinho.com/
Tijolaço – "A informação é poder”: http://tijolaco.com.br/

Y en, en menor medida, en la gran prensa conservadora:

Universo On Line: http://uol.com.br/